En una de las demandas que involucra a Yu —de nacionalidad china y residente en Estados Unidos—, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversionistas en la mina de Channing “no solo son ciudadanos chinos, sino ciudadanos con cargos políticos y empresariales muy influyentes”.
La demanda no ofrece evidencias concluyentes de esos vínculos y el rastro del dinero público conduce a Binance, una bolsa de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada tether y enviarla a través de la bolsa extraterritorial de Binance, los inversionistas de Yu hicieron imposible que se conociera el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las normas bancarias estadounidenses, según el gobierno de Estados Unidos.
El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y aceptó pagar más de 4300 millones de dólares en multas y pérdidas de derechos. En el centro del caso federal estaba el incumplimiento de Binance de leyes como la Ley de secreto bancario, la cual obliga a los acreditantes a verificar la identidad de los clientes y señalar las transferencias sospechosas de dinero.
Yu remitió las preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien señaló en un correo electrónico que la empresa “cumple con todas las leyes y normativas federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y normativas bancarias”. Clarkson dijo que las afirmaciones de Crypton, incluida la que se refiere al incumplimiento de pago por los servicios en la mina, eran “infundadas y sin mérito”.
